Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico en Ecuador

No es simplemente un concepto declarativo sino un principio operativo que debe materializarse en las relaciones sociales y en las actuaciones de los órganos públicos. La jurisprudencia reciente enfatiza que debe concretarse, respetando la dignidad de las personas y pueblos indígenas.

"Este principio orienta la conducta de juezas, jueces, tribunales y cortes en la sustanciación de las causas, en el marco de una justicia dialógica intercultural."

Este principio reconoce y articula diversas formas de organización social, política y jurídica que deben coexistir.

Forma de organización del Estado que permite la coexistencia de múltiples nacionalidades dentro de un mismo territorio.

Implica el reconocimiento de que en un mismo espacio geopolítico pueden coexistir diversos órdenes jurídicos con sus propias instituciones y procedimientos para crear y aplicar normas.

Las Constituciones de Ecuador (art. 171) y Colombia han incorporado expresamente este principio, reconociendo la capacidad de las comunidades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales.

La Corte Constitucional colombiana tiene una larga trayectoria en el reconocimiento y protección de la justicia indígena. Desde sentencias fundacionales como la T-254/94, hasta desarrollos más recientes como las sentencias T-921/13 y C-463/14, ha construido una doctrina robusta sobre el respeto a la diversidad cultural y la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas.

Sentencia T-921/13 (5 de diciembre de 2013): Esta sentencia enfatiza la necesidad de interpretar las normas con perspectiva intercultural, reconociendo el entramado de relaciones propias de las comunidades indígenas. La Corte insta a los jueces a valorar de forma contextual las prácticas tradicionales y su conformación como derecho consuetudinario.

Sentencia C-463/14 (9 de julio de 2014): Refuerza el principio de no vulneración de derechos fundamentales en procesos que involucren normas consuetudinarias y establece que la interpretación de las normas culturales no debe implicar un relativismo que permita abusos o la omisión de garantías procesales.

La Corte Constitucional ecuatoriana ha experimentado una evolución significativa en su aproximación a la justicia indígena, desde la emblemática sentencia 113-14-SEP-CC del "Caso La Cocha" hasta desarrollos más recientes que han refinado parámetros y criterios aplicables.

Sentencia 113-14-SEP-CC (30 de julio de 2014): Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia conforme a sus tradiciones, siempre enmarcado dentro de los límites constitucionales. Establece que la motivación de las decisiones debe ser suficientemente clara para evitar indefiniciones que vulneren el debido proceso.

Sentencias de 2017-2018: Las sentencias 101-17-SDC-CC (12 de abril de 2017), 001-18-SDC-CC (7 de febrero de 2018) y 002-18-SDC-CC (14 de marzo de 2018) profundizan en el análisis de los conflictos internos en las comunidades, estableciendo la obligatoriedad de verificar la adecuación de las prácticas tradicionales a los estándares constitucionales de debido proceso.

Esta sentencia constituye un hito fundamental al formular criterios específicos para identificar un "conflicto interno", elemento necesario para determinar la competencia de la justicia indígena. La Corte establece cinco parámetros clave:

• Que el caso afecte el entramado de relaciones comunitarias
• Que tenga una implicación en la armonía y en la paz de la comunidad
• Que ocasione una afectación en la convivencia de sus miembros o entre quienes habiten en ella
• Que altere o distorsione relaciones entre sus integrantes
• Que advierta que la comunidad, mediante sus tradiciones y derecho propio, ha conocido y resuelto casos como el que se discute

Uno de los fallos más relevantes en materia de derechos indígenas en Ecuador es el emitido por la Corte Constitucional en febrero de 2022 en el caso Sinangoe. Este fallo se originó a raíz del proceso judicial promovido por la comunidad indígena Kofan del sector de Sinangoe.

La Corte Constitucional determinó que la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada –garantizado tanto por la Constitución ecuatoriana como por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– constituía una transgresión a los derechos colectivos de la comunidad indígena.

Según la sentencia, no basta con un trámite administrativo superficial que simule una consulta, sino que el proceso debe ser "claro y accesible", orientado a obtener un consentimiento genuino de la comunidad afectada.

En esta sentencia, la Corte acepta la acción extraordinaria de protección presentada por Rosalía Pinanjota Guaras, una mujer de 91 años, quien impugnó una resolución de la Comuna Jurídica 'Santa Marianita de Pingulmí' que dividió un terreno de su propiedad sin su participación.

Aspectos clave:

• Vulneración del debido proceso: La Corte determina que hubo una afectación al derecho a la defensa y al juicio justo, ya que la accionante no participó en la asamblea donde se tomó la decisión que afectaba su propiedad.
• Perspectiva intercultural: La sentencia recalca que "diferentes concepciones sobre la libertad, vida e integridad personal pueden no sólo coexistir sino dialogar entre ellas, dando lugar a un proceso intercultural".
• Protección de sectores vulnerables: Este caso pone de relieve la necesidad de proteger especialmente a adultos mayores dentro de comunidades indígenas.

• Comprensión Intercultural en Dos Vías: Tanto las autoridades indígenas como las estatales deben comprender los sistemas normativos en juego
• Participación Efectiva: Garantizar que los involucrados participen de manera efectiva en los procesos
• Motivación Intercultural: Fundamentar las decisiones considerando el contexto cultural
• Adecuación Cultural de Notificaciones: Adaptar los mecanismos de comunicación a las formas culturales
• Proporcionalidad de Sanciones: Las sanciones deben ser proporcionales y respetar la dignidad humana

• Análisis Contextual: Evaluación de las decisiones de justicia indígena desde su propio contexto cultural
• Legitimidad de la Autoridad: Verificación de que quien ejerce la jurisdicción indígena tiene legitimidad comunitaria
• Respeto a la Dignidad Humana: Límite infranqueable en la aplicación del derecho consuetudinario
• Máxima Autonomía y Mínima Intervención: Preferencia por la no intervención en la justicia indígena
• Prioridad a la Reparación Intercultural: Privilegiar mecanismos de reparación conformes a la cultura indígena

La controvertida sentencia 4-20-EI/24 (Caso Kayambi) acepta la acción extraordinaria de protección contra la resolución 003-CPKA-2020 de la Confederación del Pueblo Kayambi. La Corte determina que había incompetencia de la justicia indígena para resolver el conflicto entre la empresa PLANTEC CIA. LTDA, ASPROPAFLO y los comuneros.

Cuatro jueces (Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Daniela Salazar y Jhoel Escudero) presentaron un voto salvado, señalando que el enfoque adoptado "subordina la justicia indígena a las lógicas del sistema ordinario" y debilita la autonomía de las comunidades.

"Los criterios establecidos en la referida decisión [1-12-EI/21] no deben aplicarse de manera estricta como un test inflexible, sino como parámetros o factores que deben ser valorados en cada caso." - Voto salvado, sentencia 4-20-EI/24

• Falta de capacitación y sensibilización sobre diversidad cultural en el sistema judicial ordinario
• Resistencia institucional a reconocer la plena autonomía de los sistemas indígenas
• Dificultad para establecer límites claros entre jurisdicciones sin subordinar una a otra
• Ausencia de mecanismos efectivos de diálogo interjurisdiccional

• Pro Jurisdicción Indígena: En caso de duda sobre la competencia, favorecer a la justicia indígena
• Complementariedad: Entender los sistemas de justicia como complementarios, no antagónicos
• Máxima Autonomía: Permitir el mayor grado posible de autonomía a la justicia indígena
• Diálogo Intercultural: Privilegiar soluciones dialógicas sobre imposiciones autoritarias

• Desarrollo de Parámetros Claros: Las cortes constitucionales han establecido criterios cada vez más detallados para definir competencias y procedimientos
• Tensiones Persistentes: Subsisten tensiones entre la autonomía indígena y los límites constitucionales
• Aplicación Inconsistente: Los criterios no siempre se aplican de manera consistente, lo que genera inseguridad jurídica
• Avances en Mecanismos de Coordinación: Desarrollo gradual de protocolos y mecanismos de articulación